Columna Financiera

<strong>Parece razonable cuestionar a aquellas universidades que no invierten mayoritariamente sus ingresos en el mejoramiento de la calidad de la educación que imparten. Pues, el eje de todo proyecto académico debe ser siempre la calidad. Ojalá nuestro el sistema universitario estuviera diseñado a partir de esta premisa.</strong>

Las universidades cumplen un papel fundamental en la conformación de la estructura de un país, por cuanto además de formar a sus cuadros dirigentes, a través de su quehacer permanente, construyen ciudadanía y desarrollan la sociedad civil. Por tal motivo, la propia sociedad -por medio de los mecanismos que resuelva establecer para tal efecto- tiene la obligación de escrutar, en forma sistemática, el trabajo que éstas realizan y, especialmente, sus resultados.

En un mundo ideal, o al menos bien regulado, las universidades resultan ser por eso “pieza clave” en aspectos como la movilidad social, la igualdad de oportunidades y la superación de la pobreza y otras dificultades.

En Chile la realidad en este aspecto dista bastante de ese supuesto, por una serie de factores que confluyen: los altísimos aranceles de las universidades, la baja calidad de la educación secundaria y, en particular, el dispar compromiso de las universidades con la calidad de la educación que entregan.

En este sentido, me parece que en nuestro país hoy es posible clasificar a las universidades según sus compromisos.

Por un lado están las universidades fuertemente comprometidas con el desarrollo de nuestra sociedad, conscientes de su responsabilidad para con los ciudadanos -y muy en especial con los estudiantes-, por cuanto participan activamente en la construcción de la comunidad en la que están inmersas.

Por otro lado están las universidades comprometidas principalmente con sus propios intereses. Este compromiso, que no es ni será jamás explícito, se manifiesta a través de una serie de antecedentes objetivos a partir de los cuales es posible caracterizar la política universitaria de cada institución: cómo y cuánto invierten en desarrollo académico, en innovación, en investigación; si cuentan con procesos transparentes de asignación de recursos, de carrera docente, de plantas administrativas; el peso y densidad del catálogo de sus bibliotecas, la calidad de sus académicos y de sus publicaciones.

Estos antecedentes le permiten a la sociedad, en definitiva, saber qué hacen las universidades con los recursos que reciben de las familias -vía aranceles y matrículas (con dineros propios o con endeuda)- y qué hacen con los fondos públicos (créditos, aportes fiscales, becas).

Parece razonable cuestionar a aquellas universidades que no invierten mayoritariamente sus ingresos en el mejoramiento de la calidad de la educación que imparten. Pues, el eje de todo proyecto académico debe ser siempre la calidad. Ojalá nuestro el sistema universitario estuviera diseñado a partir de esta premisa y no sólo desde el libre emprendimiento y del autofinanciamiento.

Esta situación importa, al menos, dos graves consecuencias: la primera de ellas, que de la satisfacción del derecho fundamental a la educación, exista un enriquecimiento a costa de fondos públicos y privados y, más encima, se entregue una educación de mala calidad; y la segunda, que las universidades de peor calidad, con malos resultados e indicadores académicos y con muy baja selectividad, reciban en sus aulas a numerosos estudiantes que constituyen primera generación de su familia en la educación superior, y no le entreguen la formación necesaria.

Los resultados profesionales de los estudiantes se verán así fuertemente condicionados por la calidad de sus respectivas universidades, por lo que estudiar en una mala universidad puede llevarlos a fracasos profesionales que les impedirán lograr un nivel de vida aceptable. Con ello, el factor de movilidad social que constituye la educación, podría truncarse en forma irreversible si no nos preocupamos seriamente por la calidad de la educación que reciben estos estudiantes.

Estamos construyendo una sociedad muy injusta, condicionada por el nivel de ingresos de nuestros ciudadanos; una de las principales formas de romper esta tendencia es a través de la educación, pero es imprescindible que esta sea rigurosa y de calidad.

Para ello, es clave rediseñar el sistema de educación superior, construyéndolo no desde la libertad de empresa y el deber de autofinanciamiento que se impone a las universidades estatales, sino desde dos conceptos que son estructurantes en una sociedad democrática: la efectiva garantía del ejercicio del derecho fundamental a la educación y el establecimiento de un sistema riguroso de control de la calidad de la educación. Para ello, el rol del Estado es clave, tanto para la garantía de los derechos fundamentales -ya que el sistema hoy se encuentra diseñado desde el particular que presta servicios educacionales y no desde el titular de los derechos fundamentales– como para la fiscalización de las instituciones de educación superior.