Mucho se ha escrito sobre la razonabilidad de los movimientos sociales que en estos momentos han puesto en entredicho al gobierno y su nueva forma de gobernar. Al respecto, me permito un par de reflexiones.<br /> Lo primero, es que nos encontramos ante un movimiento de carácter ciudadano y esencialmente pacífico. A pesar de las notas de prensa que se centran en los desórdenes, estos son provocados por una minoría, que debería ya estar identificada y que, con eficaces políticas preventivas de los expertos, puede ser controlada, pues no es función de los que se manifiestan mantener el control efectivo del orden público. Lo segundo y de más calado. Así como lo que hoy convoca a los estudiantes es el derecho a la educación, no me extrañaría que también fuese el derecho a la protección de la salud, un estatuto correcto de los derechos de los trabajadores, las AFP o las ISAPRES, en fin los tan mentados derechos sociales. ¿Y qué tienen en común todos estos derechos como agentes potenciales de conflictos? Todos ellos han sido desconocidos sistemáticamente, desde 30 hace años, por la institucionalidad republicana. A lo más, se les ha concedido el estatuto de expectativas nobles y deseables, pero expectativas al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque se trata de derechos que suponen un costo, en este caso para el Fisco.<br /> <br /> ¿Y esta cosmovisión para los derechos sociales es neutra ideológicamente? Su pretensión es esa, que la realidad, en palabras de HAYEK, sólo puede ser interpretada como un orden espontáneo, en que todo está sujeto a las leyes de mercado. Pero esta premisa, que es un postulado teórico, obedece a una ideología: el liberalismo del siglo XIX (o neoliberalismo, como actualización de los postulados decimonónicos). <br /> El corazón de esta propuesta descansa en un rol para el Estado a partir de su interpretación de la realidad: separación entre Sociedad y Estado, por tanto, rol de abstención de este último en gran parte de las esferas sociales.<br /> Y para finalizar, el profundo descontento, representado hoy en las movilizaciones sobre la educación, no son sino expresión de un malestar que recorre años: la desconfianza sobre un modelo, de rasgos conservadores y autoritarios, que se impuso en Chile mediante una Constitución otorgada y en ningún caso deliberada. <br /> <br /> El espíritu de un sistema democrático descansa en que la soberanía radica en la comunidad y es ésta, la que mediante la deliberación, determina los pilares que han de fundar su porvenir. Ese trabajo, en 30 años no se ha hecho. Hemos heredado un sistema que debe ser matizado en su radicalidad, pero las permanentes trabas normativas e institucionales, junto al acomodo de la anterior coalición gubernamental, han impedido el tránsito a estadios verdaderamente representativos. Es justamente, cuando se produce la desconexión norma - realidad, que las fuerzas sociales nos recuerdan quién es el legítimo soberano. <br /> <br /> Para cambiarlo, todos debemos poner de nuestra parte, sin embargo, veo en el actual gobierno no falta de ideas (que las tiene y muy radicales), sino una falta de sinceridad para explicitar su visión, que está latente en sus propuestas, pero que claramente no son del agrado de la comunidad política. <br /> <br /> Por tanto, la crisis de hoy, es al fin, un conflicto con una institucionalidad ilegítima, que se ha cerrado sistemáticamente a auscultar los signos de los tiempos.