La cárcel de La Serena

Desde los remotos tiempos de nuestra humanidad, ha existido una tendencia espontánea de ciertos sujetos para transgredir los tabúes, luego, infringir las normas consuetudinarias y, posteriormente, incumplir las leyes y sistemas judiciales, cada vez más complejos e ininteligibles para aplicar la ley.

Independientemente de todas las teorías, doctrinas y fundamentos filosóficos y jurídicos que han pavimentado la carretera del crimen y su castigo, han sido necesarios los lugares de reclusión para los delincuentes: la cárcel y presidio.

La ciudad de La Serena no tuvo una cárcel acorde a su condición de capital regional sino hasta fines del siglo XVIII, cuando fue capaz de financiar los edificios del cabildo y un recinto que albergara a los infractores a la ley. El paso del tiempo, más de un siglo, provocó el deterioro del recinto y los presos no tenían mayores dificultades para fugarse, facilitado por el escaso número de vigilantes que no eran más de catorce para toda la jurisdicción, carentes de armas, presupuesto y cabalgaduras para perseguir a los criminales. Así, era más fácil y barato para los alguaciles republicanos mantener a los reos en los famosos cepos.

La Guerra del Pacífico y la riqueza salitrera proporcionarán los recursos necesarios para contratar personal, entregarles el armamento necesario e iniciar un plan de edificaciones penitenciarias desde 1890 en adelante. El Ministerio de Industria y Obras Públicas, a través de su Oficina de Arquitectura, asumirá un triple desafío social: planificar y construir los edificios de la Salud Pública: hospitales y dispensarios. En educación, la construcción de Escuelas Primarias, los Liceos de Hombres y Mujeres y Técnico Profesionales de Mujeres, las Escuelas Normales de Preceptoras y, en Seguridad Pública, la construcción de Cárceles Presidios, simultáneamente en la ciudad de Chillán, puerto de Valparaíso y La Serena.

La creación de los Proyectos y Planos de Arquitectura, se desarrollan en el ministerio, los estudios de financiación se realizan bajo la modalidad de licitación pública y con presupuestos acotados a una cantidad anual que permitiera la continuidad de la construcción por etapas. Este mecanismo dilatará por varios años la conclusión de los edificios e incluso, en La Serena, el abandono de las obras de la Escuela Normal y de la Cárcel Presidio, llevará a la demolición de la primera etapa, por carencia de presupuesto anual.

Entre los años 1889 y 1892, el gobierno dicta los decretos para el financiamiento y ejecución de las obras y se adjuntan los decretos del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública conformados entre 1886 a 1887. La licitación es efectuada en Santiago en 1896, siendo adjudicada a los constructores don Jorge Astaburuaga y don Ricardo Villavicencio “para terminar el conjunto de celdas, la parte central de la administración del edificio y la construcción de la Rotunda Central de la cárcel y presidio de La Serena”. La inversión es de $80.000 y el plazo para su terminación es de doce meses. Los contratistas pagarán una multa de $31,00 pesos por día de atraso, más cuatro boletas de garantía. La edificación será de acuerdo al plano arquitectónico de la Dirección de Arquitectura de Santiago: señor Palma, arquitecto jefe; Enrique Torres, arquitecto ayudante, y Carlos Domínguez. Hoy, la seguridad pública del siglo XX perdurará en la salud pública del siglo XXI.