Hacia un nuevo proceso constituyente

Cualquiera sea la instancia que se adopte desde las regiones, debemos aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten para influir en el proceso de adopción de decisiones relativo a las bases fundamentales de nuestra convivencia social.

Mucho se ha debatido acerca de la necesidad de dotar a Chile de una nueva Constitución, y a mi juicio existen fundamentos de sobra. Primero, se nos presenta una oportunidad para tener, por primera vez en nuestra historia, una Constitución discutida y aprobada en democracia. Nuestras constituciones han sido otorgadas bajo gobiernos autoritarios, lo que suele poner en cuestión su legitimidad. Además, nos da la oportunidad para actualizar y perfeccionar nuestra democracia, a través de la discusión relativa a la incorporación de nuevas instituciones ausentes en la Constitución de 1980, tales como la iniciativa popular de ley, referéndum en ciertas materias, la actualización del catálogo de derechos fundamentales, etc.

También se ha debatido acerca de quién habrá de redactar la nueva Constitución. La Presidenta de la República ha definido procedimiento controlado por un “Consejo Ciudadano de Observadores”, apoyado por diversos equipos de base regional, compuesto, entre otros, por coordinadores territoriales de facilitación de diálogo y especialistas legales.

El método a utilizar será la celebración de cabildos locales, provinciales y regionales, en los cuales se formularán diversas propuestas de contenido de una posible nueva Constitución. Una vez terminada esta parte del proceso, el Consejo Ciudadano de Observadores entregará las bases para que la Presidenta haga una propuesta de nueva Constitución. A partir de ahí, se discutirá el mecanismo constituyente, es decir, si será el Congreso quien discuta la nueva Constitución, si se creará una Convención Constituyente, o si se creará una Asamblea Constituyente, cuyos resultados se someterán de todas formas a un plebiscito. Se prevé que el proceso constituyente termine hacia finales de esta década.

Hasta el momento, el proceso tiene un componente participativo relevante desde el diseño del proyecto, hasta su aprobación final. Lo que no está claro, sin embargo, es el verdadero grado de incidencia que habrá desde las regiones en todo este proceso. Según se puede apreciar de la composición del Consejo Ciudadano de Observadores, así como del procedimiento previsto, hasta ahora parece que será baja. En el primer caso, de las designaciones hechas por la Presidenta Bachelet, la voz plenamente regional parece estar representada por solo uno de sus miembros, mientras que del procedimiento previsto, la participación regional será más fuerte solo en la primera etapa.En la elaboración definitiva de la propuesta de Constitución, no se contempla mayor participación regional, salvo que el Congreso defina otra cosa.

Cualquiera sea la instancia que se adopte, desde las regiones debemos aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten para influir en el proceso de adopción de decisiones relativo a las bases fundamentales de nuestra convivencia social. Tenemos una oportunidad única de defender nuestra voz en diversas materias, como por ejemplo en la administración y gestión de los recursos naturales y un mayor grado de autonomía en la generación de nuestros propios liderazgos y en el reconocimiento de los pueblos originarios, etc.

El proceso descrito tiene un valor en sí mismo para las regiones, aunque no sepamos realmente si derivará o no en una Constitución nueva. En este momento debemos reflexionar y debatir desde nuestra visión regional. Podemos discutir y no ser escuchados, pero nunca nos escucharán si no discutimos. Ese es nuestro desafío.