En vías de una universidad gratuita

Opiniones a favor, opiniones en contra y opiniones positivas, pero con reparos. Es la Reforma a la Educación Superior que este fin de año ha cobrado relevancia, ya que, el 2016, empieza el proceso de gratuidad en la Educación Superior.

La Reforma a la Educación Superior es un tema abierto y todo puede ser debatible en las distintas instancias que vendrán en el futuro. Sin embargo, una de sus principales aristas, la gratuidad, se aprobó en comisión mixta el viernes 13 de noviembre.

Para el rector de la Universidad del Bío-Bío, Héctor Gaete Feres, la gratuidad es una buena noticia para elpaís y para su universidad. Favorecerá al setenta por ciento de los alumnos de la UBB y es una propuesta que apunta a los más vulnerables, aliviando a muchos jóvenes y familias de la mochila del endeudamiento. “Estamos porque sea universal, como una forma de favorecer la integración social. En los sectores más desfavorecidos hay jóvenes con capacidad intelectual para la formación universitaria, pero que carecen de recursos. El país los necesita y a ellos está destinada la gratuidad anunciada”.

El próximo año, la medida abarcará la matrícula y arancel de la carrera de los alumnos de los cinco primeros deciles de los planteles del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y otras instituciones de educación superior que cumplan con los requisitos.

Para los demás estudiantes, seguirá operando el sistema de becas o créditos. La acreditación socioeconómica de los interesados corresponderá al Ministerio de Educación, mediante un formulario disponible en internet. El presupuesto considera un total de setecientos ochenta millones de dólares, de los cuales ciento setenta y siete millones son nuevos y serán destinados a la gratuidad.

Los recursos se entregarán a cada plantel, según el número de alumnos beneficiarios y el arancel de referencia 2016 que les corresponda. Este se establecerá considerando el arancel de referencia 2015, el reajuste del sector público y la cobertura de hasta un veinte por ciento de la brecha que se produzca con los aranceles reales que cobra la universidad. “Esta fórmula no generará mayores ingresos ni detrimento financiero”, afirmó la máxima autoridad de la UBB, sin embargo, recalcó la necesidad que los dineros lleguen efectivamente a las instituciones en los tiempos requeridos.

Gaete señala que hay aspectos que deben mejorarse, como los años que cubrirá la gratuidad y su alcance. De acuerdo con el proyecto ingresado en el Congreso, la gratuidad regiría sólo los años de duración nominal de las carreras. “De acuerdo con algunos estudios, sólo el seis coma cuatro por ciento de los jóvenes se titula en los años estipulados. Además, en general, son los estudiantes más vulnerables los que registran mayor atraso. De esta forma, se podría afectar precisamente a aquellos que se pretende beneficiar”.

La UBB valora la iniciativa para el próximo año, que va en la línea de la igualdad de oportunidades que siempre han impulsado. “Lo entendemos como un primer avance y el punto de partida para la gratuidad universal, con financiamiento vía impuestos, con la convicción que esta contribuye a evitar la segregación y segmentación social”.

UNIVERSIDAD PRIVADA

Con respecto a la reforma, el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados Montes, opina que solo conoce algunos lineamientos generales expresados en un documento, y algunas presentaciones hechas desde el Ministerio de Educación. “Lo único relativamente concreto que se ha planteado es lo que corresponde al inicio de la gratuidad. Lo anunciado muestra dos cosas: primero, una visión muy centralista (desde Santiago) y con una enorme confianza en la capacidad del MINEDUC, de poder planificar el desarrollo del sector; y en segundo lugar, evidencia improvisación y falta de un trabajo bien hecho, de acuerdo a lo que hemos conocido en el proyecto que se ha presentado”.

¿En qué aspecto de la reforma no está de acuerdo?
En general, los temas que se han planteado son todos necesarios de considerar, pero el diagnóstico que sobre ellos subyace, de los planteamientos que vienen a continuación, no responden al nivel de desarrollo de las instituciones ni a la cobertura alcanzada. Por lo demás, se sustentan en una visión de que solo las entidades estatales pueden cumplir funciones públicas, y que el Estado es capaz de planificar y controlar el funcionamiento y desarrollo de las instituciones; sobre eso tenemos una óptica radicalmente distinta.

Si dependiera de ustedes, ¿qué aspectos básicos tendría una buena reforma?
Ya ha sido planteado que es necesario perfeccionar distintos aspectos de la estructura y funcionamiento del sistema para satisfacer dos grandes objetivos. Primero, mayor equidad, es decir, impulsar un mayor acceso de los jóvenes a la Educación Superior, especialmente de los dos primeros quintiles en los que solo tres o cuatro de cada diez jóvenes están accediendo a las distintas modalidades de educación superior; de ellos, uno de cada diez accede a una universidad. En segundo lugar, analizar las modalidades de acreditación que existen, siempre considerando que las exigencias que enfrentamos hoy las universidades son radicalmente más altas de lo que supone una parte del sistema político y los directivos del MINEDUC.

En el tema de la gratuidad, ¿qué porcentaje de sus alumnos se verían beneficiados?
Si consideramos estudiantes que pertenecen a los cinco deciles de ingresos más bajos de la población, un número algo mayor a la mitad de los veintisiete mil quinientos estudiantes de la USS están en ese segmento. Lamentablemente, por los criterios arbitrarios y discriminatorios que se han establecido, nuestros alumnos no accederán, pese a que cumplen con las características de vulnerabilidad y estudian en un plantel acreditado por cuatro años. Por esta razón hemos sido tan enérgicos en nuestro rechazo a la medida.

¿Qué opina de este tema?
En realidad, desde el punto de vista del conjunto del país, el hecho que los estudiantes no paguen arancel no es gratis, ya que los recursos necesarios los financian todos los chilenos a través de los impuestos. Tampoco se deriva lógicamente que porque la educación superior es un derecho social deba ser gratis para todos. El ejercicio de ese derecho consiste en generar posibilidades para que todos los que tengan potencial para desarrollar sus capacidades puedan acceder a ese nivel educacional; eso significa fortalecer la calidad y cobertura de los niveles anteriores, además de eliminar las barreras económicas que impiden hacer uso del derecho. Como siempre es posible utilizar los recursos que se gastan en una actividad destinándolos a fortalecer otra, existe un beneficio social positivo y mejora la distribución de los ingresos, si quienes pueden financiar su educación por sí mismos lo hacen.

Lo entendemos como un primer avance y el punto de partida para la gratuidad universal, con financiamiento vía impuestos, con la convicción que esta contribuye a evitar la segregación y segmentación social”, indica Héctor Gaete, rector de la Universidad del Bío-Bío.