Cambios de fondo

Desde sus trincheras, estos jóvenes, trabajólicos y amantes del derecho, afirman con una mirada crítica que hay ciertas leyes y normativas en nuestro país que requieren un cambio profundo y urgente. Se definen como abogados preventivos y de terreno, pues lo que buscan es evitar los conflictos y disminuir el porcentaje de juicios.

Por Verónica Ramos B. fotografía Patricio Salfate T.

Para Claudio Rojas Laulié (29) y Acxel Cortés Serín (28), un buen abogado no es quien gana más casos, sino aquel que soluciona más problemas de manera eficaz y transparente. Esta visión común, sumado a una profunda amistad y a la experiencia laboral de ambos los llevó a formar, en el 2013, el estudio jurídico Global Abogados & Associates.

Se conocieron en la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, y se hicieron amigos no solo por la carrera de derecho, sino porque ambos compartían la misma afición por el deporte. Una vez titulados, Acxel hizo un diplomado de derecho sobre recursos naturales y Claudio comenzó a trabajar como procurador en Lex Abogados y, luego, en el Consejo de Defensa del Estado. Tienen en común que ambos trabajaron, en distintos años, como abogados en el estudio jurídico Bauzá y Cía. y como notarios públicos suplentes en Andacollo. Mientras Acxel prestaba asesoría a una empresa minera y realizaba el ejercicio libre de la profesión, Claudio se convirtió en el jefe de gabinete y asesor legislativo de la senadora Lily Pérez.

En el ámbito técnico, Claudio se especializó en derecho corporativo, empresarial y laboral y Acxel, en derecho minero y recursos naturales.

“Nos propusimos cimentar una nueva visión de abogados, proponiendo una innovadora forma de servicio jurídico. Nosotros nos definimos como abogados preventivos, porque la solución está en evitar litigios judiciales”, afirma Claudio.

¿Y qué herramientas utilizan para ello?
C: Detectamos que la mejor manera de tener un cliente contento es evitándole juicios y esto se logra a través de asesorías preventivas mensuales, desde el área tributaria, laboral, comercial, civil, etc. Revisamos que todo esté en regla y eso ha significado evitar conflictos y disminuir notablemente el porcentaje de juicios.
A: Lo importante es conductualizar las acciones de la empresa. Revisar contratos o documentos con antelación, permite evitar cualquier juicio posible.

ACTUALIDAD

Respecto a los cambios que traerán consigo las nuevas reformas impulsadas por el gobierno, Claudio y Acxel son críticos en señalar que estos proyectos de ley resultan muy ambiciosos. “Creo que no es el momento más favorable, tanto por aspectos internos como externos, para impulsar proyectos de este calibre y en tan poco tiempo”, comenta Claudio.

“Otro punto importante es que estas reformas no van de la mano con la creación de fiscalizadores necesarios para constatar si estas se aplican correctamente. No existe, hasta el momento, un aumento de fiscalizadores por parte de Servicio de Impuestos Internos y, en la práctica, eso puede traer ciertas consecuencias”, agrega Acxel.

¿Y en el caso de la reforma laboral, existe algún punto de inflexión?
C: El proyecto ya está ingresado en el Congreso y las indicaciones deben venir, a través de los parlamentarios. Lo esencial aquí es que se puedan limar los puntos más drásticos del proyecto, porque esta reforma se caracteriza por ser una reforma sindical y no beneficia al trabajador individual. No corrige los errores de la reforma laboral anterior y con esta actualización se radicaliza en demasía. Esta reforma necesita diálogos, matices y un punto de vista ecléctico. Lo importante es que se tome en cuenta el interés superior de los chilenos, en especial, el de los trabajadores.

En otro ámbito, ¿en qué posición queda la justicia, respecto a la crisis de credibilidad que existe hoy en nuestro país?
C: La última encuesta CEP fue muy potente respecto a la evaluación de los tribunales de justicia. En el caso Penta, los tribunales cumplieron y se demostró empíricamente que nadie está por sobre la justicia. Lo que hizo la Corte de Apelaciones de Santiago fue un golpe a la mesa. Sin duda, son otras las instituciones cuestionadas y estimo que, en esta pasada, el poder judicial aprueba.

¿Y cuál es el escenario de nuestro país frente a la corrupción?
C: Como dijo el fiscal Chahúan, efectivamente Chile no es un país corrupto, pero sí hay gente corrupta. Hoy están saliendo los trapitos al sol y en lo personal, estimo importante sacar y juzgar esas manzanas podridas del cajón, para evitar prontamente la contaminación.
A: La fiscalización debe ser transversal y eso es lo que nos falta. Gran parte de los casos de corrupción son alertados por la prensa, de manera que es fundamental generar sistemas de seguridad con delegados de delitos económicos.

¿Cómo devolver la confianza a los chilenos frente a estos casos, en lo que respecta a la justicia?
A: El sistema jurídico chileno es lento, pese a que los procesos se han acelerado en algo, producto de la reforma penal. Como país, tenemos varias alertas que nos piden actuar más rápido y no solo en el ámbito judicial, sino a todo nivel.

JUSTICIA LOCAL

¿Qué responsabilidad civil recae en los organismos del Estado por la catástrofe ocurrida en el norte?
A: Existe una alta responsabilidad política y civil en función de los planos reguladores, es decir, en las zonas por donde pasó el río nunca debió construirse. Si destacamos modelos comparados, en el caso de España, por ejemplo, las catástrofes naturales las consideran dentro de la seguridad nacional y quien toma las riendas frente a este tipo de situaciones son las fuerzas armadas y equipos técnicos. En nuestro país debemos contar con un organismo técnico competente que esté fuera de los poderes del Estado y que permanezca en el tiempo.
C: Desde una mirada práctica, la responsabilidad recae en la ONEMI y no en el gobierno de turno. No puede ser y es inviable que desde el nivel central provengan las soluciones para las regiones. Este es un problema de Estado, hay que modificar drásticamente la institucionalidad de la ONEMI, despolitizarla y modernizarla.

¿Qué normativas, en términos generales, requieren urgencia de cambio?
A: Debe haber una reorganización respecto a los bienes nacionales de uso público. Las reformas procesales deben tener cambios de fondo y lo que vemos a diario es el uso del agua frente a los problemas de sequía y esto afecta directamente a nuestra región. Por otra parte, lo que sí requiere urgencia es que el Tribunal Ambiental de Antofagasta, comience a funcionar. No es posible que los casos ambientales de la zona norte deban tramitarse en Santiago. La gran cantidad de empresas que se concentran en este lugar, no cuentan con fiscalización ambiental y eso es un gran problema.
C: Desde el punto de vista de derecho laboral, los municipios están alertados porque van a tener que reformar toda su política de contratación. Nunca más un funcionario a honorarios podrá prestar servicios el tiempo que sea, bajo los requisitos de subordinación y dependencia, cumplimiento de horarios y jefatura directa. Los tribunales laborales, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema van a determinar que esto es un contrato camuflado para no pagar seguridad social, por lo tanto, esto implica un cambio estructural en los municipios y se derriba un paradigma.

¿Qué incidencias tendrían las modificaciones al Código de Agua?
A: Primero, tienen relación con constitucionalizar los derechos de agua, es decir, establecerlos en la Constitución como un bien nacional de uso público. Las reformas al Código de Agua tienen que ver con derechos reales administrativos; lo importante aquí es que se modifique la especulación económica. No es posible acaparar una gran cantidad de derechos de agua sin usarla. El recurso hídrico, como ya es escaso, se debe redistribuir de la mejor forma y en Chile no está determinado el total de su uso. En nuestra región, los aportes estatales se han entregado desde hace muchos años para optimizar el uso del agua, pero debe ser bien distribuido.

¿A la larga, será un beneficio para nuestra zona?
A: Esperemos que estos cambios en la normativa sean beneficiosos, pero dependerá mucho de la aplicación de la ley. Cuando se reforma un código de manera parcial, no existe sistematización de todo. Esperemos que se transforme la norma completa y no que se reajuste el código, ¡eso sería lo ideal!

¿Alguna causa local que estén llevando y que se pueda mencionar?
A: Las expropiaciones del nuevo proyecto en Pelícana, a raíz de la ampliación de la ruta D41- hacia el Valle de Elqui. La mayoría de esos terrenos que son semiurbanos, son parcelas de agrado y deben cumplir con los cinco mil metros cuadrados. Al expropiarse van a quedar como terrenos brujos y eso hace que se produzca una incertidumbre jurídica, en cuanto a la regulación de sus terrenos. En definitiva, estamos estudiando qué ocurrirá con este caso y qué solución se dará a sus propietarios.
C: Otro caso es la presentación de recursos de protección contra las Isapres, frente al alza unilateral de los planes de salud. Hemos estado muy enfocados en esto y con sentencias favorables en un ciento por ciento.

“Esta reforma (laboral) necesita diálogos, matices y un punto de vista ecléctico. Lo importante es que se tome en cuenta el interés superiorde los chilenos, en especial, el de los trabajadores”, Claudio Rojas.