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EDICIÓN | Mayo 2015

Más y mejor infraestructura

Jorge Mas presidente de la Cámara Chilena de la Construcción
Más y mejor infraestructura

Reconoce que el 2014 fue un mal año y que este no se ve mejor. Por lo mismo, cree que es fundamental que la infraestructura urbana comience a considerarse una política de Estado, más allá del gobierno de turno. A poco más de seis meses de asumir su cargo, se refiere a la baja en demanda privada de construcción, a la deuda que existe con la vivienda pública y a cómo afectará la reforma tributaria al mercado.

Por Mónica Stipicic H. / fotografía Alexis Yáñez V.

Tiene una agenda apretada. Mal que mal, es el líder de un sector productivo fundamental para el desarrollo de nuestro país, y que viene de cerrar un mal año. “El 2014 fue malo. La inversión en construcción terminó creciendo solo 0,9%, principalmente por la menor ejecución de proyectos de infraestructura productiva privada, relacionados con minería y energía”.

Lo invitamos a hablar de proyecciones, de desarrollo y de su visión de un mercado que no sólo incide en las cifras económicas globales, sino también en el empleo y en las aspiraciones de vivienda de todos los chilenos.

¿Cuáles son las proyecciones para este año?
No creemos que la situación vaya a cambiar mucho, y dependerá de si se ejecuta oportunamente el presupuesto público y algunos planes especiales en infraestructura y vivienda que ha impulsado el gobierno. Según nuestras estimaciones, la inversión en construcción se ubicará entre -0,3% y 0,6% anual, y el desempleo del sector rondaría el 12%.

¿Cómo se ha manifestado en el sector construcción el frenazo que ha experimentado la economía?
El estancamiento que tuvo la economía chilena en 2014 se ha manifestado de varias formas. Una de las principales tiene que ver con una menor ejecución de proyectos de infraestructura productiva privada en minería y energía, los que tienen una alta incidencia en los resultados de la industria.

En vivienda privada ¿por qué ha subido tanto el precio de casas y departamentos? ¿Continuarán las alzas?
El precio de casas y departamentos responde a una mejora en los ingresos durante los últimos diez años, lo que ha permitido que las personas puedan acceder a una mayor cantidad de viviendas. Adicionalmente, la baja disponibilidad de suelos y la escasa posibilidad de modificación de los planes reguladores para aumentar la construcción en altura hacen que el precio de los terrenos aumente, lo que también ha impactado en el precio.

¿Cómo afecta al común de la gente la aplicación de la reforma tributaria, específicamente en lo referido al IVA a la construcción?
El principal efecto de la reforma tributaria en las personas tiene que ver con el tratamiento que se le da a la vivienda, la cual deja de ser considerada como un bien social, como la educación y la salud, y pasa a ser tratada como un bien de consumo, dejando de ser un factor clave para producir movilidad social. En lo concreto, la reforma producirá un encarecimiento en el precio de viviendas, se calcula un incremento de dos a tres por ciento en las viviendas que están bajo las 3.500 UF. Las que se ubican entre 3.500 UF y 4.000 UF subirían un 10% y en el rango de viviendas de más de cuatro mil UF, habrá un impacto en precios de un 4% o 5% por efectos del nuevo IVA.

LO PÚBLICO Y LO URBANO

“Este año tenemos grandes desafíos en vivienda pública, porque el 2014 hubo una baja aplicación de subsidios por falta de terrenos, mayores costos, montos de subsidios insuficientes y dificultades de las personas para obtener créditos hipotecarios. Por lo mismo, es importante combatir la burocracia para el éxito de cualquier proyecto de vivienda, mejorar la coordinación entre organismos públicos y modernizar el aparato estatal. Pero algo se ha avanzado en esta materia, con la aplicación del Programa Extraordinario DS 116 que convocó al sector privado al desarrollo de proyectos habitacionales bien localizados, que contribuyeran a la integración social y a reactivar la economía. En este sentido, valoramos el hecho que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo haya aumentado en más de un ciento por ciento los recursos previstos, tanto para proyectos iniciados como nuevos”.

Si hablamos de infraestructura, ¿en qué situación se encuentra el país?
De acuerdo con el informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD) que elaboramos cada dos años, nuestro país requiere US$ 58.000 millones en inversión en infraestructura pública para el período 2014-2018, cifra consistente con el planteamiento histórico de nuestro gremio en cuanto a que la inversión anual en infraestructura debe ubicarse en torno al 5% del PIB nacional.

¿Cuáles son los desafíos en el corto y en el largo plazo?
Una de las tareas que está pendiente, y que desde hace años venimos planteando, es la necesidad de que la infraestructura sea gestionada como una política de Estado, a partir de una planificación de largo plazo, que sobrepase al gobierno de turno. La creación de una dirección de concesiones anunciada por el gobierno es un paso positivo, pero creemos conveniente que se cree una Agencia Nacional de Infraestructura, que identifique proyectos estratégicos, con una mirada global de país e independiente del mecanismo de financiamiento que se escoja.

La sustentabilidad es un tema que cruza todos los sectores productivos, ¿se está trabajando en construcción de viviendas que, por ejemplo, optimicen el consumo energético?
La CChC ha participado activamente en los grupos de trabajo y mesas técnicas que se han implementado desde el año 2000 para mejorar la reglamentación térmica. En todas estas instancias nuestras opiniones se han enfocado en mantener un equilibrio entre la calidad de las edificaciones y los aspectos técnicos, económicos y sociales atingentes a cada momento en el que se han propuesto cambios. También hemos participado en la difusión de normativas, reglamentos, sistemas de calificación y buenas prácticas relacionadas con la materia.

¿Cuáles son los criterios para modificar un plano regulador?
Hay diversos criterios que pueden primar a la hora de modificar un Plan Regulador, que pueden ir desde la necesidad de ajustarse a los requerimientos y demandas de la población, a ciertas tendencias demográficas, a la obsolescencia de los instrumentos de planificación territorial o la sostenida expansión de nuevas áreas urbanizadas. Pero es importante mencionar que la ley no impone plazos máximos de vigencia de los planes reguladores, ni tampoco establece la duración que debe tener el proceso para elaborarlos. La demora en la actualización de estos instrumentos se debe a un proceso de elaboración y aprobación muy extenso, sin mecanismos abreviados para modificaciones parciales o menores, lo que sube su costo y, finalmente, disuade a muchas autoridades de iniciar los procesos

 

“Una de las tareas que está pendiente, es la necesidad de que la infraestructura sea gestionada como una política de Estado, a partir de una planificación de largo plazo, que sobrepase al gobierno de turno”.

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