Al Liceo de Hombres de La Serena, en 1821, piedra angular del sistema de educación superior, le siguen las cátedras de química y minero metalurgia, creadas por Ignacio Domeyko. La demanda de profesionales para trabajar en las minas de cobre, oro, plata y salitre conducen a la creación de la Escuela de Minas.
Sin embargo, uno de los mayores problemas para estas instituciones era la calidad del alumno, cuya instrucción en las escuelas de primeras letras era insuficiente; primero, por la precariedad de los espacios educativos, la ínfima cantidad de alumnos/as matriculados y egresados, la precariedad de los métodos y técnicas de quienes ejercían como profesores, casi siempre personas que sabían leer y escribir, con nociones de aritmética y geografía, o haber cursado uno o dos años en el liceo. La única exclusión para ejercer docencia era no haber sufrido pena aflictiva.
El gobierno de Manuel Montt (1850-1860) debe resolver el problema del analfabetismo, el alcoholismo, la insalubridad y la precariedad de la higiene y la salud pública. Asimismo, la administración pública y privada no tenía una oferta de profesionales para contratar. Por tanto, el país requería formar, desde la base de la educación primaria, profesionales de calidad, comprometidos con el destino nacional. Ello solo sería posible si el Estado asumía la tarea de hacerse cargo de la formación de los profesores. Esta misión será encomendada a las Escuelas de Preceptoras. Para el presidente Montt, no habría progreso sin un sistema formativo de profesores.
En todo el país había pocos profesores formados para ejercer la pedagogía, excepto en Santiago, cuya escuela de preceptoras fue creada en 1854. El año 1874, en plena crisis económica, se crea la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena, pero, en 1878, la guerra obliga a suprimirla. Reabre sus puertas el 17 de enero de 1890, por decreto del presidente José Manuel Balmaceda, quien ordena la compra del terreno propiedad de don Juan José Rodríguez. Este terreno estaba ubicado en los extramuros de la ciudad colonial, en el callejón de la Muralla o quebrada de la Ermita de San Miguel, hoy Avenida Miguel Luis Amunátegui. La propuesta de los planos para la construcción del edificio se había tramitado en Santiago, en febrero de 1889, y la obra, con una serie de reparos, será entregada a la comunidad normalista después de veintidós años de haberse colocado la primera piedra, en 1912.
El llamado a concurso para postular a cuarenta vacantes, establecía los siguientes requisitos: saber leer y escribir, poseer nociones de aritmética, conocer el catecismo religioso, conocimientos de gramática castellana y de geografía de Chile. La edad mínima era dieciséis años y la máxima, veintiuno. Debía pertenecer a una familia honrada y decente, acreditar buena conducta moral, acompañar certificado de salud compatible con el servicio, no tener defectos físicos incompatibles con las funciones de preceptora. Las aspirantes accedían a una beca de alimentación y residencia, la cancelación de los pasajes, desde su lugar de origen a la escuela. En contraparte, el tutor o los padres debían rendir una fianza ante el fisco por el total de los costos de la educación, la cual se haría efectiva si la alumna abandonaba o fracasaba. Así se entendía, en el siglo XIX, la educación gratuita. Lo de la calidad será tema del próximo artículo.
Cuando es inaugurado el año académico, don José Abelardo Núñez, ante todas las autoridades de gobierno y de la región, expresa: “...la escuela queda bajo la protección de la ciudad y a ella le incumbe vigilarla, señalar sus defectos, prestar apoyo y eficaz concurso a su directora (Isabel Bongard) y sus profesoras”.